VALENCIA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), Mariano Durán, ha anunciado este martes que esta entidad "estudia cuestionar la constitucionalidad" de la Ley de Relaciones Familiares de los Hijos Cuyos Progenitores No Conviven --conocida como de Custodia Compartida-- y ha explicado que solicitará un dictamen sobre la constitucionalidad de esta norma de la Comunitat Valenciana.
Mariano Durán ha destacado que existe una "duda" sobre la competencia de las Corts Valencianes, que aprobaron la norma de Custodia Compartida el pasado 24 de marzo, para legislar sobre esta materia.
El decano ha mantenido una reunión con abogados especializados en Derecho de Familia para analizar "las consecuencias e incertidumbres" que plantea esta ley, que entrará en vigor el 5 de mayo tras ser publicada este martes en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).
En la reunión han intervenido diversos miembros de la Sección de Derecho de Familia del ICAV, entre ellos su presidente, Isidro Niñerola, y el diputado sexto de la Junta de Gobierno del ICAV y experto en Derecho de Familia, José Soriano.
Entre las conclusiones alcanzadas, el decano de los abogados valencianos, Mariano Durán, ha anunciado que el ICAV "estudia cuestionar" la constitucionalidad de esta ley debido a la "duda" sobre la competencia de las Corts para legislar sobre esta materia.
Al respecto, ha destacado: "una duda que compartimos con otras instancias que ya la han planteado anteriormente", en alusión a las manifestaciones en la misma línea vertidas por el ex abogado jefe del Consell y actual diputado socialisa en las Corts Valencianes, José Marí Olano, así como al informe emitido por la Dirección General de Justicia y Menor sobre el anteproyecto de ley, que coincide en cuestionar la competencia del parlamento valenciano sobre esta materia.
El decano de los abogados valencianos ha destacado, asimismo, la "preocupación" de los letrados por el "previsible colapso de los juzgados de Familia" debido al "aluvión de solicitudes de modificación de medidas que van a registrar los despachos y las sedes judiciales".
A este respecto, uno de los principales motivos de queja de los abogados de Familia es la "deficiente situación" actual del gabinete psicosocial encargado de elaborar los informes a partir de los cuales el juez determina la idoneidad de la medida.
"Existen carencias graves en los equipos psicosociales, que han sido reducidos a la mitad, se hallan colapsados y no cuentan con personal suficientemente cualificado para elaborar los informes", ha manifestado Durán, quien ha añadido que "la reciente reducción a la mitad del personal de los equipos ha provocado ya que ahora se tarde ocho meses en recibir el informe cuando antes se demoraba sólo unos dos meses".
Mariano Durán ha lamentado, finalmente, que el Consell no haya tenido en cuenta el informe de recomendaciones elaboradas por el ICAV al texto legal que será aprobado el próximo mes. "Los abogados, en especial los de Familia, conocen mejor que nadie las dificultades que una iniciativa legal de estas características puede acarrear tanto para las partes en conflicto como para los hijos de la pareja, cuyo interés es siempre prioritario", ha resaltado.
En su opinión, "la demora en este tipo de procesos es más delicada que en otras áreas, puesto que lo que está en juego son relaciones familiares". Así, considera que "dilatar el proceso en el tiempo puede perjudicar aún más el conflicto, influyendo negativamente en la convivencia diaria, el bienestar de los menores y en cuestiones económicas o patrimoniales".
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