El concejal del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia Vicent Sarrià ha asegurado este lunes que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de Valencia y diputado en las Cortes, Jorge Bellver, "tienen que asumir la responsabilidad política derivada de gestionar negligentemente el patrimonio de nuestra ciudad", en relación al 'caso Monforte' .
Sarrià, en un comunicado, ha afirmado que "existen varios tipos de responsabilidades; la jurídica la resolverán los jueces, mientras que la política, por haber gestionado negligentemente el patrimonio de la ciudad, es responsabilidad de Barberá y Bellver, sin que ninguno de los dos la hayan asumido en ningún momento", ha argumentado.
En estos términos ha valorado el inicio del juicio contra el edil por una presunta prevaricación en la adjudicación de aparcamiento subterráneo en la calle Severo Ochoa, junto a los Jardines de Monforte, "sin pedir la obligada autorización a la Conselleria de Cultura al tratarse de un Bien de Interés Cultural".
Sarrià ha recordado que el grupo municipal socialista "denunció en su momento lo que consideramos un atentado contra el patrimonio de la ciudad, así como irregularidades en la adjudicación del aparcamiento de Severo Ochoa".
A este respecto ha explicado que la incoación de la delimitación del entorno del jardín impulsada por la Generalitat en 1992 y publicada en el BOE "obligaba al Ayuntamiento a solicitar la autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat".
Además, ha recordado que el proyecto "no disponía de informes de los servicios municipales de Jardines y Patrimonio pero sí de los servicios de Tráfico y de la Oficina Económico Financiera contrarios a la adjudicación a Ortiz y Secopsa".
Para Sarrià, "este juicio evidencia que en el Ayuntamiento de Valencia existen prácticas urbanísticas de dudosa legalidad" y ha indicado que "este equipo de gobierno acumula ya muchas sentencias en el ámbito urbanístico".
En concreto, ha recordado que "recientemente se les ha condenado por un uso inadecuado del patrimonio municipal del suelo", en referencia a las "cuatro sentencias condenatorias que acumula y que ascienden a 40 millones de euros".
Además, ha señalado la existencia "de otros casos que demuestran la mala gestión de Bellver al frente del área de Urbanismo". Así, ha mencionado "la construcción del aparcamiento en la calle Pizarro nº 10". En este sentido, ha indicado que la Comisión Municipal de Patrimonio "lo calificó desfavorablemente y Bellver, en fecha de 18 de julio de 2005, asumió la responsabilidad de obviar estos informes".
Sarrià, en un comunicado, ha afirmado que "existen varios tipos de responsabilidades; la jurídica la resolverán los jueces, mientras que la política, por haber gestionado negligentemente el patrimonio de la ciudad, es responsabilidad de Barberá y Bellver, sin que ninguno de los dos la hayan asumido en ningún momento", ha argumentado.
En estos términos ha valorado el inicio del juicio contra el edil por una presunta prevaricación en la adjudicación de aparcamiento subterráneo en la calle Severo Ochoa, junto a los Jardines de Monforte, "sin pedir la obligada autorización a la Conselleria de Cultura al tratarse de un Bien de Interés Cultural".
Sarrià ha recordado que el grupo municipal socialista "denunció en su momento lo que consideramos un atentado contra el patrimonio de la ciudad, así como irregularidades en la adjudicación del aparcamiento de Severo Ochoa".
A este respecto ha explicado que la incoación de la delimitación del entorno del jardín impulsada por la Generalitat en 1992 y publicada en el BOE "obligaba al Ayuntamiento a solicitar la autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat".
Además, ha recordado que el proyecto "no disponía de informes de los servicios municipales de Jardines y Patrimonio pero sí de los servicios de Tráfico y de la Oficina Económico Financiera contrarios a la adjudicación a Ortiz y Secopsa".
Para Sarrià, "este juicio evidencia que en el Ayuntamiento de Valencia existen prácticas urbanísticas de dudosa legalidad" y ha indicado que "este equipo de gobierno acumula ya muchas sentencias en el ámbito urbanístico".
En concreto, ha recordado que "recientemente se les ha condenado por un uso inadecuado del patrimonio municipal del suelo", en referencia a las "cuatro sentencias condenatorias que acumula y que ascienden a 40 millones de euros".
Además, ha señalado la existencia "de otros casos que demuestran la mala gestión de Bellver al frente del área de Urbanismo". Así, ha mencionado "la construcción del aparcamiento en la calle Pizarro nº 10". En este sentido, ha indicado que la Comisión Municipal de Patrimonio "lo calificó desfavorablemente y Bellver, en fecha de 18 de julio de 2005, asumió la responsabilidad de obviar estos informes".
Bellver afirma que desconocía que el entorno de los Jardines de Monforte estuviera protegido
Foto: EUROPA PRESSEl concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Valencia y diputado autonómico en las Corts, Jorge Bellver, que se enfrenta a ocho años y medio de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación en el 'caso Monforte', ha declarado este lunes en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que desconocía que el entorno de los Jardines de Monforte estuviera protegido cuando aprobaron la construcción de un aparcamiento contiguo, y que él se limitaba a firmar los informes favorables de los técnicos.
Jorge Bellver ha llegado al tribunal valenciano pasadas las 9.30 horas acompañado por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y otros ediles del Ayuntamiento. También han acudido los otros cuatro imputados en esta causa, funcionarios del consistorio: el secretario general del consistorio, Pedro García Rabasa; el jefe de Tráfico, Juan Casañ; el jefe de Servicio de Planeamiento, Juan Antonio Altés; y una arquitecta técnica, María José Gasull.
A su llegada, Bellver ha indicado que estaba "perfectamente" y que se encontraba "esperanzado" y "confiado" en la Justicia. Barberá, interpelada por los periodistas, ha señalado que había ido a apoyar a su concejal y a sus cuatro funcionarios imputados en esta causa. "Como cabeza del Ayuntamiento vengo a apoyarles, a acompañarles y a darles mi apoyo", ha apostillado.
Jorge Bellver --el primero en prestar declaración ante el tribunal valenciano-- fue el encargado de firmar en julio de 2004 la resolución por la que se aprobaba el proyecto de un aparcamiento subterráneo junto a los jardines, declarados Bien de Interés Cultural (BIC), sin solicitar previamente un informe a la Dirección General de Patrimonio.
El edil ha explicado que él se limitaba a firmar los informes favorables que le remitían los técnicos municipales, y que nunca han tenido "ningún problema". "Si el secretario del Ayuntamiento estampaba su firma; si mi asesor había dado el visto bueno, yo estampaba la firma", ha señalado, y "nunca ha habido ni un solo problema", ha agregado.
Bellver ha recordado que la construcción de este aparcamiento se aprobó en una comisión de Urbanismo en la que "nadie se opuso", y ha insistido en que "ningún ciudadano ni ningún colectivo puso alguna objeción a este proyecto". También ha asegurado que no se confabuló con sus técnicos "ni en este caso ni con ningún otro expediente", ha destacado.
También ha explicado que no recuerda exactamente otros expedientes anteriores --como el de la instalación de una antena de telefonía móvil en la Clínica Quirón o la ampliación del hospital-- en los que se obligaba a pedir un informe favorable a la Dirección de Patrimonio para hacer modificaciones en los entornos del jardín, puesto que estaban protegidos. Así, ante la pregunta realizada por el fiscal de si sabía que el entorno de los Jardines de Monforte estaba protegido y necesitaba de una autorización especial por parte de la Dirección de Patrimonio, ha contestado que no.
En concreto, respecto a la instalación de la antena en Quirón, ha indicado que no recordaba exactamente lo que figuraba en el expediente, y ha señalado que si lo aprobó era porque contaba con los informes favorables de los técnicos. El mismo argumento ha utilizado para explicar la aprobación del expediente del edificio de Tabacalera, calificado como Bien de Relevancia Local (BRL).
TAMPOCO LO SABÍAN
Los otros cuatro imputados en la causa han insistido en que tampoco sabían que el entorno de los jardines estaba protegido --sí sabían que los jardines estaban declarados BIC--, y han señalado que nunca recibieron órdenes de Bellver para acelerar el proyecto o para cualquier otro asunto.
En concreto, García Rabasa ha reiterado ante el tribunal valenciano que el subsuelo de la calle Severo Ochoa, donde estaba previsto construir el aparcamiento, no estaba protegido. También ha indicado que en el caso de la antena o de la ampliación del hospital si que se pidieron informes a Cultura porque en estos casos afectaba a la visibilidad del jardín. "Se trataban de elementos de altura, que ya sabemos sus consecuencias, o de edificios que pueden alterar el jardín", ha puntualizado.
Asimismo, ha señalado que Cultura puede, a iniciativa propia, pedir los informes que estime oportunos al consistorio, como lo hizo en el caso de la construcción de un aparcamiento próximo a los jardines de Ayora. "No me parecía pertinente pedir un informe a la Dirección de Patrimonio", ha señalado, pero ha matizado que si ésta le hubiera pedido el expediente, se lo habría dado sin declararse en rebeldía.
PASÓ CON AYORA
Por su parte, Juan Casañ ha señalado que sabía que el jardín estaba declarado BIC pero no que su entorno estuviera protegido. Ha explicado que algo parecido les pasó con los jardines de Ayora, donde propusieron también construir un aparcamiento contiguo, y cuando lo aprobaron y lo publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), la Conselleria les requirió la documentación porque se trataba de un entorno protegido, y no lo sabían. Se le remitió y luego no hubo ningún inconveniente para hacer el párking.
"No ha habido nunca ningún problema", ha dicho, y ha agregado que "tenemos mucho cuidado en hacer las cosas bien y en preparar toda la documentación para que hayan los daños menores posibles". "A veces tenemos algún despiste, pero en este caso, las obras subterráneas no afectaban al entorno del bien protegido", ha aseverado.
Ha indicado que con la construcción de este aparcamiento "no se ha cambiado la toponimia del entorno, ya que solo se han renovado materiales", ha apostillado. "Cultura nunca nos ha desautorizado nada, en este caso no había ningún tipo de preocupación por el informe de Patrimonio, la construcción era segura y ofrecía las mejores garantías para no hacer daño al jardín", ha reiterado.
Por su parte, María José Gasull, que también ha indicado que sabía que los jardines eran BIC, pero no que había un entorno protegido, ha señalado que ella se limitó a comprobar que en la ubicación del aparcamiento no hubiera ninguna interferencia en otros planteamientos, y al ver que era así, ofreció un informe favorable para la construcción.
Por otro lado, Juan Antonio Altés ha insistido en que el entorno del jardín no estaba protegido. Según ha explicado, "el entorno no estaba protegido, sino que formaba parte de su entorno. Lo que está protegido es el elemento. Su entorno se reserva". A su entender, "los solares o edificios colindantes no están protegidos, sino que forman parte del entorno". Las obras en el entorno del jardín "tení
0 comentarios:
Publicar un comentario